Comisionados y jefes de departamento de todas las agencias del estado de Connecticut fueron notificados el lunes a cooperar si se les contactaba sobre los empleados que pudieran haber cometido fraude en relación con los beneficios entregados a las víctimas de la tormenta tropical Irene.

El Gobernador Malloy recientemente anunció que varios empleados del estado falsificaron sus ingresos para obtener la asistencia federal a raíz de Irene. El programa D-SNAP proporciona tarjetas de débito para aquellos que perdieron alimentos y otros bienes durante la tormenta tropical en agosto.

El Departamento de Servicios Sociales (DSS por sus siglas en inglés), administra el programa, y ahora dirigirá la investigación sobre el presunto fraude.

“Mientras el DSS realiza la investigación, usted puede ser contactado por el personal anti-fraude del DSS en relación con uno o más empleados pertenecientes a su departamento, mismos que pueden ser el foco de posible fraude en su aplicación”, se lee en un memorándum enviado por Andrew McDonald, asesor general del gobernador. “Si usted es contactado por el DSS pidiéndole información sobre el posible fraude de un empleado dentro de su departamento, dicha información debe ser compartida por usted a la Oficina de Relaciones Laborales”.

McDonald señaló que muchos empleados estatales fueron elegibles para los fondos federales después de Irene. La investigación se centrará en los trabajadores estatales que presuntamente mintieron sobre sus ingresos para recibir los beneficios. Las personas por encima de un nivel determinado de ingresos no eran elegibles para recibir los fondos.

"Además de los graves actos administrativos, cualquier empleado del estado que haya defraudado al estado su nombre será de inmediato remitido tanto a la Fiscalía General del Estado como al Fiscal de los Estados Unidos para un posible proceso penal", dijo McDonald.

"Defraudar al gobierno es un delito grave, y las consecuencias pueden ser importantes."
 

 

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